Crimen y castigo en la sociedad israelí 

Pablo Sklarevich - “Nadie está por encima de la ley”, fueron las últimas palabras del ex primer ministro, Ehud Olmert, poco antes de ingresar a la cárcel Maasyahu. Su encarcelamiento y el del influyente rabino cabalista Yoshiyahu Pinto no hacen más que fortalecer al Estado. 

Para el sociólogo francés Emile Durkheim la función social del delincuente consiste precisamente en generar, a través de la reacción a su transgresión, la revitalización de la cohesión grupal en torno a los valores colectivos.

En este sentido, la función simbólica del castigo está vinculada a los valores “sagrados” en torno a los cuales se organiza la vida en común.

Más aún, la idea un país gobernado bajo un poder judicial independiente y un sistema parlamentario con controles y contrapesos en una región donde predomina el caos y los estados se han deslizado hacia un estado de implosión, parece simplemente insólita.

Obviamente el sistema liberal caracterizado por la separación de poderes está muy lejos de la perfección; pero todas las alternativas han demostrado ser mucho peores.

Recientemente, el fallo judicial sobre el maltrato en la Residencia del Primer Ministro ha puesto sobre el tapete el problema de la hostilidad en los lugares de trabajo. La chismografía sobre la conducta de la esposa del primer ministro ha dejado al descubierto un problema general más grave en los ámbitos laborales que antes estaban ocultos.

Más aún, la iniciativa de ley -promovida por el primer ministro, Biniamín Netanyahu- para que la Knéset suspenda a tres diputados del partido árabe Balad que se reunieron con familiares de terroristas palestinos, ha hecho aguas al encontrar la férrea oposición del presidente, Reuvén Rivlin, del presidente de la Knéset, Yuli Edelstein, y de otros miembros de su propio partido, el Likud, que han señalado en los hechos que prefieren el sistema democrático liberal antes que sumergirse en la peligrosa vía del populismo.

El escrutinio tampoco debería ser ajeno al aparato de seguridad. El jefe del Estado Mayor, Gadi Eizenkot, manifestó abiertamente que apoya la colaboración con los organismos de derechos humanos.

“Inmediatamente después de asumir el puesto [de comandante de las fuerzas armadas], tras la Operación Margen Protector, recibí quejas”, declaró. “Le dije al asesor legal del ejército que se reúna con ‘Rompiendo el Silencio’ y examine esos testimonios”.

“Eso hará que el Ejército de Defensa de Israel sea mejor y más fuerte”, enfatizó Eizenkot.

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