El Parlamento israelí da un primer apoyo a la pena de muerte contra los “terroristas”
El Parlamento de Israel (Knesset) ha aprobado este miércoles de forma preliminar una reforma que facilitaría a los tribunales militares condenar a muerte a personas detenidas por ataques contra fuerzas israelíes, catalogados de “terrorismo” por el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Con el Código Penal actual, informa Europa Press, sólo se puede aplicar la pena capital si los tres jueces de una corte militar respaldan el castigo de forma unánime, pero el cambio propone que baste sólo con una mayoría. La única condena a muerte aplicada hasta ahora en Israel data de 1962 y corresponde al criminal nazi Adolf Eichmann.
La nueva reforma ha sido promovida por el ministro de Defensa, el ultraderechista Abigdor Lieberman, y ha recibido el apoyo explícito de Netanyhau, que ha solicitado dirigirse este miércoles al pleno del Parlamento para abogar por un cambio legislativo que permita imponer “todo el peso de la ley” sobre los “terroristas”. A través de Twitter, ha defendido que es un “primer paso” para poder “cumplir nuestra palabra con las familias desconsoladas”. “La sangre judía no es barata”, concluye.
El primer ministro, que ha recordado el asesinato de tres miembros de una familia israelí a manos de un palestino en julio de 2017, ha afirmado que el debate sobre la cadena perpetua no es nuevo en Israel, en la medida en que ya se ha contemplado para casos de extrema gravedad. “Una persona que asesina y luego se ríe no debería pasar su vida entre rejas, sino morir”, ha reclamado.
El texto aún necesita pasar otras tres rondas de votación antes de convertirse en ley, pero ya ha suscitado todo tipo de críticas. El Shin Bet, los servicios de seguridad interna de Israel, ha trasladado al Gobierno su temor a que se produzca una ola de secuestros contra judíos en todo el mundo, según el diario local Haaretz.
El responsable de la Asociación de Presos Palestinos, Qadoura Fares, ha considerado la votación de este miércoles “una expresión del estado de ceguera y confusión en las políticas del régimen fascista”, en alusión a Israel. Así, ha criticado en declaraciones a Reuters que “los partidos extremistas” logren sacar adelante “leyes racistas”. “Mientras el mundo avanza para derogar la pena de muerte, Israel trabaja para ratificar una ley que está dirigida contra los palestinos”, ha lamentado Fares.
NUEVAS EXPULSIONES DE INMIGRANTES
Además, según informa EFE, el Gabinete israelí ha puesto también hoy en marcha el plan de expulsión de miles de inmigrantes africanos que están en Israel en situación irregular y que deberán abandonar el país antes de abril o serán encarcelados. El primer ministro Netanyahu, dijo que “los infiltrados” tienen una opción: “Cooperar con nosotros y marcharse de forma voluntaria, respetable, humana y legal o tendremos que utilizar otras herramientas a nuestra disposición”. Netanyahu pidió en la reunión de hoy examinar alternativas para incentivar la expulsión como el pago de subsidios, informó igualmente Haaretz.
El mandatario explicó que el plan afectará a la mayoría de los 60.000 africanos que entraron en Israel antes de la construcción de la valla en el Sinaí en 2013 y aseguró que 20.000 ya fueron expulsados, 4.000 el año pasado. “Proteger las fronteras contra la infiltración ilegal es un derecho y una obligación fundamental de un Estado soberano”, resaltó el jefe de Gobierno y anunció la construcción de más barreras.
La ONG Hotline para Refugiados y Migrantes declaró a Efe que el Ejecutivo dará 90 días a los afectados para abandonar el país de manera voluntaria y, de lo contrario, irán a prisión. Esta agrupación aseguró que habrá deportaciones de eritreos y sudaneses a terceros países con los que las autoridades israelíes han establecido un acuerdo, como Ruanda.
“Israel enviará refugiados a un Estado inseguro y muchos de ellos a la muerte. Ruanda no es seguro”, denunció una coalición de organizaciones de derechos humanos y añadió que solo en lo que va de año 7.000 eritreos y sudaneses han intentado presentar solicitudes de asilo en Israel.
A mediados de diciembre, el Parlamento israelí enmendó la llamada “Ley antiinfiltración”, como parte de las medidas llevadas a cabo contra la inmigración irregular, que incluye sanciones para quienes contraten a personas indocumentadas.
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